Ester Pinheiro, encargada de las comunicaciones en Equal Measures 2030
Los gobiernos en Centroamérica no han estado en la vanguardia de la promoción de cambios normativos institucionales para enfrentar las desigualdades de género. Una de las razones principales es la falta de mujeres en la representación política en algunos países de la región y de partidos progresistas no asociados a la corrupción que avancen en la agenda de derechos. Guatemala eligió su presidente en el último año, ¿pero qué propone este gobierno para las mujeres y niñas?
En las elecciones presidenciales de Guatemala en 2023 se buscaba un gobierno distinto que pudiera cambiar la realidad de cleptocracia y violencia que sofoca a mujeres y niñas. Bernardo Arévalo del partido progresista socialdemócrata Movimiento Semilla logró obtener los votos suficientes para competir por la presidencia del país contra Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y así seguir el camino hasta la segunda vuelta del 20 de agosto, ganando con más del 60% de los casi 4 millones de votos electorales.
¿Más mujeres en la política es la solución?
La proporción de cargos ocupados por mujeres en el parlamento nacional en América Latina es considerada “muy baja”, según el Índice de Género de los ODS de 2022. Guatemala marca 21 puntos abajo de la media ya muy baja de la región. Pero, el hecho de ser mujer no necesariamente hace una candidata progresista, como es lo caso de la candidata Sandra Torres en Guatemala, explica Marisa Miodosky, Consultora Senior para América Latina en Equal Measures 2030.
La presencia de estas mujeres con una agenda reaccionaria no garantiza la lucha y protección de los derechos para la igualdad de género y la autonomía de las mujeres. Muchas de las mujeres que llegan a las posiciones de poder representando a partidos de derecha o ultraderecha suscriben un discurso antifeminista y anti-derechos con relación al aborto, inmigración y LGTB. Esta es una realidad global con ejemplos como Nikki Haley, posible candidata a presidencia, representante republicana en los EE. UU., Marine le Pen en Francia, Giorgia Meloni, primera ministra italiana y Keiko Fujimori en su tentativa a presidencia en Perú. En el Reino Unido, algunas de las políticas antiinmigrantes más agresivas han sido expresadas por mujeres de color como Priti Patel, Suella Braverman y Kemi Badenoch, una mujer negra que se ha autodenominado una guerrera cultural anti-woke.
En Argentina, el gobierno recién electo de Milei, con ⅓ de mujeres en el gabinete, no dudó en desmantelar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades y enviar al congreso un compendio de leyes que buscan cambiar las reglas de convivencia en Argentina con graves efectos sobre el sistema de cuidados y paridad electoral entre otras. “En tanto que algunas de sus legisladoras se manifiestan en contra de leyes que previenen y sancionan diferentes tipos de violencia como el acoso callejero”, comenta Marisa.
Por otro lado, se ve necesario un gobierno hecho por y para mujeres diversas y que permita su elección democrática. No fue lo que la candidata Maya mam Thelma Cabrera, con el conocimiento situado desde el contexto Indígena, ha pasado. Ella y su vice exprocurador de derechos humanos, Jordán Rodas, quienes se postulaban con el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), un partido indígena con una gran estructura departamental, no pudieron participar.
“Thelma una líder comunitaria con demasiada influencia ganada colectivamente, no solo personal egocéntricamente como otros,” comenta Ángela Chiquin Chitay, joven indígena guatemalteca fundadora de la organización Kemok. Según ella, Thelma ha sabido administrar sus recursos, al no tener los mismos privilegios que otros. “Ella no fue autoproclamada, fueron los diputados y candidatos a alcaldes con comité inscrito que la eligieron para participar en quién representaba la herramienta política.”
Corrupción y agenda de derechos
Con una política marcada por un ‘pacto de corruptos’ (como popularmente se le dice en Guatemala a la alianza entre jueces, diputados, empresarios y distintos actores que mantienen la cooptación y saqueo del Estado), se torna difícil garantizar los derechos de la población, principalmente los derechos de las mujeres y niñas.
Danessa Luna, guatemalteca, activista y defensora de derechos humanos de las mujeres en Asogen, una de nuestras organizaciones socias, comparte que el pacto de corruptos ha querido acabar con los avances de los derechos de las mujeres, sobre todo terminar con la institucionalidad de las mujeres que ha costado construir desde hace 30 años, también retroceder en temas importantes como los derechos y la salud sexual y reproductiva.
Hay una crisis institucional en Guatemala con posicionamiento tradicional-conservador que ha cooptado las instituciones, principalmente a los 3 poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) y otras instituciones autónomas que son clave para el funcionamiento del Estado de Derecho, como la Universidad de San Carlos, la Procuraduría de los DD. HH., la Corte de Constitucionalidad, el Colegio de abogados, entre otros.
La cleptocracia en el Estado amenaza años de saqueo en el país, de corrupción y de impunidad, así como el narcotráfico, que también debilita la democracia, las instituciones y los derechos de las mujeres. “Hay políticos involucrados en trasiego y control de la droga que pasa por Guatemala y ésta es una razón poderosa también que muchos de ellos les conviene que las cosas sigan como han estado hasta ahora,” comenta Danessa. Este sistema establece un régimen también de persecución a cualquier estudiante, defensora de la igualdad de género, jueza, fiscal o periodista que denuncie ilegalidades y violencias de género.
¿Semilla tomará el poder en Guatemala?
Por el miedo de perder el poder del gobierno y el manejo antojadizo del erario, el “pacto de corruptos” hizo que el sistema político en Guatemala rechazara la participación de opositores que pudieran arriesgar sus intereses y permitir la candidatura de otros actores políticos con señalamientos graves.
Este mismo pacto ha llevado a un intento de golpe de estado en Guatemala en diciembre del año pasado. El Ministerio Público (MP) del país pidió declarar nulas las actas de los resultados electorales. Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral aclaró que no se repetirán las elecciones. Hasta la OEA ha condenado el intento de golpe en Guatemala. Esto todo fue debido al caso “Corrupción Semilla” que investigaba el partido ganador junto a nuevas solicitudes de antejuicio contra el presidente electo Bernardo Arévalo y las diputadas del Movimiento Semilla Ligia Hernández y Samuel Pérez.
Se quiere imponer para la historia que hubo fraude, que Semilla es un partido formado ilegalmente y que las acciones del MP son para “garantizar el voto ciudadano”. Sin embargo, para Danessa, no hubo fraude, sino que la población está más informada y crítica al flujo de información. “Se han metido con la generación equivocada”. Para la líder en género, el presidente electo Bernardo Arévalo, hizo un buen trabajo con la población, “sobre todo un trabajo de ‘hormiga’, compartiendo su planteamiento anticorrupción, anti-impunidad que ha dejado la población sin salud, sin educación, sin seguridad, sin nada.”
¿Que se espera del gobierno de Bernardo Arévalo?
Las feministas y las organizaciones de mujeres ven el Movimiento Semilla de manera positiva y con mucha esperanza.
Para las niñas y las mujeres se espera que vengan tiempos de respetar sus derechos, de tener un gobierno más equitativo que ha pensado en sus derechos, como acceso a la justicia, a la educación, salud y otros derechos específicos. Se espera mayor posibilidad de negociar, de dialogar y de tener la posibilidad de gobernar en conjunto, de ser escuchadas y visibilizadas.
