En la interpretación de los datos de las encuestas diseñadas para recopilar información principalmente sobre los hogares, con frecuencia se asume que los recursos se comparten de manera igualitaria dentro del hogar. Sin embargo, las personas que viven bajo el mismo techo con frecuencia tienen condiciones de vida considerablemente diferentes. Muchos componentes importantes de las dimensiones del bienestar individual, como los ingresos, la nutrición o la educación, todavía se miden solamente a nivel del hogar, enmascarando así importantes diferencias en cómo hombres y mujeres, y niños y niñas, padecen la pobreza.
Algunas encuestas de medición del nivel de vida del Banco Mundial se utilizan para recopilar datos sobre el consumo de determinados bienes a nivel individual, y las Estadísticas de la UE sobre ingresos y condiciones de vida (EU-SILC) tienen un módulo sobre la privación material y otro sobre el reparto de recursos dentro del hogar, en los que algunas de las preguntas recogen información a nivel individual. El Índice de Privación Individual es una nueva medición de la pobreza, con perspectiva de género y multidimensional, que evalúa la privación a nivel individual y supera las limitaciones de los enfoques actuales que miden la pobreza colectivamente a nivel del hogar. Ese índice se está ensayando en la actualidad en países seleccionados con el objeto de que para 2020 esté preparado para su uso mundial como una medición individual de privación.
Importancia y enfoques de medición prometedores:
Se estima que 4000 millones de personas en todo el mundo no están protegidas por ninguna prestación social, de manera que las mujeres están excluidas de forma desproporcionada de los programas de protección social y las políticas en vigor con frecuencia no afrontan sus necesidades y riesgos específicos. Millones de mujeres carecen también de la protección de las prestaciones por maternidad: de acuerdo con el Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019 de la OIT, solo el 41,1% de las madres con recién nacidos reciben una prestación por maternidad, de modo que se estima que 83 millones de madres primerizas en todo el mundo carecen de ayuda. Esas discrepancias en el acceso a las políticas de protección social pueden limitar los ingresos personales de las mujeres, hacerlas más vulnerables ante las crisis económicas, y ampliar las diferencias de género en las tasas de pobreza, en particular respecto de las madres solas, las viudas y las personas con discapacidad.
El Informe Mundial sobre la Protección Social ofrece una visión global de los sistemas de protección social, utilizando una serie de datos sobre cobertura, prestaciones y presupuestos a nivel global, regional y nacional. El informe incluye datos específicos de género sobre medidas de protección disponibles para las mujeres y los hombres en edad laboral, así como medidas de protección de la maternidad, el desempleo, los accidentes y la discapacidad laborales, así como las pensiones.
Importancia y enfoques de medición prometedores:
La carencia de documentos de identificación reconocidos oficialmente puede limitar la capacidad de una mujer para ser propietaria de tierras, aunque las mujeres casadas no obtienen ese tipo de documentos tan fácilmente como los hombres casados en 11 países. Más del 10% de las personas en el mundo han declarado haber pagado sobornos al tratar cuestiones ordinarias relativas a la tierra, y la organización Transparencia Internacional ha constatado que el soborno relativo a la tenencia de tierra afecta sobre todo a las mujeres: es más probable que estén expuestas a la extorsión sexual.
La Iniciativa WBL del Banco Mundial hace un seguimiento de las leyes discriminatorias en todo el mundo, incluidas aquellas que regulan la propiedad y tenencia de tierras. Recopila los datos globales sobre una amplia serie de indicadores, como los documentos nacionales de identidad, la gestión de los bienes conyugales, las contribuciones no monetarias o los derechos de propiedad de los bienes inmuebles. Su informe de 2018 abarca 189 economías y siete temas de importancia para la participación económica de las mujeres.